sondepiedra escribió:Comentando la noticia anterior se me ha venido a la cabeza una cosa que siempre me ha resultado "extraña" de las administraciones y organismos públicos, o más bien de las personas que están al frente de los mismos (como los políticos). Quizás alguien pueda sacarme de dudas...
¿por qué alguien que representa a una administración o a un organismo público, como puede ser un alcalde o concejal, puede negarse a dar información, o puede demorar dar dicha información, cuando se le solicita?.
Estamos hartos de ver casos en los que grupos opositores o ciudadanos solicitan datos sobre determinados gastos o sobre determinados asuntos, y las personas que obstentan el poder en ese momento se niegan a dar dicha información o se demoran todo lo posible en hacerlo.
Entiendo que esas personas son "gestores" de algo que es de todos y que, por lo tanto, la información de lo que hacen y cómo lo hacen (sobre todo en temas de gastos) debería estar disponible para todos y lo que es más importante, no pueden negarse a darla, como si fuese algo privado.
Lo veo cómo si yo contrato a una gestoría para que lleve mis asuntos y cuando le pido información de mis cuentas, se niega a dármela. Quizás he simplificado mucho el tema, pero creo que debería ser así de simple.
Llamadme mal pensado, pero tiendo a creer que algo trata de ocultar o algo malo ha hecho, aquel que no da la información que se le solicita (cuando entiendo que dicha información debe ser de dominio público)
Parece que se van a tomar medidas con la nueva "Ley de transparencia"... aunque pienso que no debería ser necesario crear una ley para que se haga algo que me parece normal, lógico, obvio y correcto.
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El Gobierno presentará hoy una ley para conocer en qué se gasta el dinero público
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que se someterá a partir de ese momento a un periodo de audiencia pública en la que los ciudadanos trasladarán a través de internet al Gobierno sus sugerencias.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha asegurado que con esta norma se pretende "gobernar mejor y que la gente sepa en qué se gasta su dinero o que, si se enchufa a alguien, salga su nombre y apellidos".
Esta norma tiene como principales objetivos regular el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones y fijar límites a la actuación y el comportamiento de los responsables públicos.
No recogerá meras recomendaciones para los gobernantes, sino que la vulneración de las mismas dará lugar a infracciones administrativas, con las correspondientes sanciones.
El proyecto obliga a modificar el Código Penal para poder sancionar las conductas más graves, que conllevarán penas de inhabilitación.
El jefe del Ejecutivo ha precisado que la norma permitirá tener información de todas la subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno y del sueldo de los dirigentes políticos.
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