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El traje: ¿regalo o soborno?
Recibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chalé del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión. Los trajes que la trama de empresas corruptas de Francisco Correa presuntamente regaló al presidente valenciano, Francisco Camps, abren en España un debate que se dirime en dos planos: el judicial, actualmente en curso, y el moral, más difícil de atrapar. Pero importante: ¿Puede y debe un alto cargo seguir en su puesto tras recibir regalos de personas a las que su Administración adjudica contratos? Más allá de la voz de los jueces, la tolerancia de un país hacia esa promiscuidad también da el nivel de su talla ética.
En Francia, por ejemplo, Nicolas Sarkozy usa en sus vacaciones el avión privado y el yate del multimillonario Vincent Bolloré. El presidente Sarkozy, quien no tiene ningún reparo en exhibirse con sus amigos empresarios, no comprende el recelo que despierta su conducta entre sus compatriotas: "No veo dónde está la polémica. Esto no le cuesta nada a los contribuyentes", ha manifestado. A su ministra de Justicia, Rachida Dati, Dior le pone a su disposición sin coste alguno un amplio guardarropa, que le permite vestirse con conjuntos valorados en 15.000 euros. El salario de Dati es de 14.000 euros al mes.
Otros países, como Dinamarca, aplican una política de tolerancia cero. El país escandinavo sólo permite recibir regalos de cortesía y protocolo como "una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasión del 25 aniversario de servicio público de un determinado empleado", según los ejemplos que da la Autoridad del Empleo Público, un órgano que ha redactado un código ético común para los funcionarios daneses y que incentiva a los organismos públicos a ser aún más severos cuando lo crean necesario.
Por citar un caso singularmente estricto, los empleados de la Embajada danesa en Vietnam no pueden recibir regalos de más de 50 euros y, con todo, deben dar parte a su superior, ya que se entienden recibidos en nombre de la embajada y no a título personal. Dinamarca es el país menos corrupto del mundo, según el índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional.
España, que ocupa el puesto 28 en ese listado, mejor posición que Italia, Portugal o Israel, aunque peor que Barbados, Chile o Uruguay, tiene normas taxativas: "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía", rezan el Código de Buen Gobierno de 2005, aplicable a cargos electos de la Administración central, y para funcionarios, el Estatuto Básico de 2007.
Normas tan imprecisas siempre plantearán dudas ¿Es un décimo de Navidad un regalo de cortesía? Cuando era alcalde de L'Hospitalet, al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le regaló uno un constructor adjudicatario de obra pública. Y tocó. 14 millones de pesetas, el segundo premio de 1995. El Tribunal Superior de Cataluña no le condenó por cohecho porque consideró que regalar lotería del Gordo es un hecho socialmente extendido.
"¿Por qué en España no pasa lo mismo?, ¿Cultura política made in Spain?" se pregunta Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en buena gobernanza. "Salimos perdiendo en casi todos los instrumentos de lucha anticorrupción si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Nos acercamos más bien a un país como Italia, el peor modelo a seguir de Europa. Aunque al menos no tenemos un problema tan serio a la hora de regular los conflictos de interés porque allí el presidente, quien tendría que dar ejemplo, es a la vez el principal empresario del país".
Algunos expertos piden que se cree una agencia anticorrupción independiente y con amplios poderes, como la Oficina de Ética del Gobierno (OEG) estadounidense. La Casa Blanca la creó en 1978, con la resaca del mayor escándalo de corrupción de la historia de EE UU, el caso Watergate. La OEG examina las declaraciones de intereses privados de altos cargos del poder ejecutivo federal, elabora códigos de conducta y educa en valores a cerca de tres millones de funcionarios. A modo de exámenes, online o presenciales, éstos deben resolver una serie de casos prácticos en los que se les plantean dilemas éticos del tipo: "En una misma ocasión una persona que hace negocios con tu departamento te ofrece una camiseta de béisbol valorada en 15 dólares, una gorra de 10 dólares y un póster de 5 dólares, ¿podrías aceptar todos estos regalos?" La respuesta es "no", porque los tres regalos juntos superan el límite permitido de 20 dólares (15 euros) para una misma ocasión y una misma persona.
Penas a las que se puede enfrentar Camps
- Si se demuestra adjudicación de contratos a cambio de regalos. Delito de cohecho (Art. 425.1 del Código penal). La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.
- Si no se prueba la contraprestación. Delito de cohecho en modalidad de aceptación de regalos (Art. 426 primer inciso del Código penal). La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.
El País
